El Índice Global de Esclavitud (Global Slavery Index) revela que la cantidad de personas que viven en esclavitud moderna ha crecido desde 2018 en un contexto de conflictos cada vez más complejos, degradación ambiental generalizada, migración inducida por el clima, una reversión global de los derechos de las mujeres, y los impactos económicos y sociales de la pandemia de la COVID-19.
El último Índice Global de Esclavitud, confeccionado por el grupo de derechos humanos Walk Free, afirma que los 10 países con la mayor prevalencia de esclavitud moderna son Corea del Norte, Eritrea, Mauritania, Arabia Saudita, Turquía, Tayikistán, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Afganistán y Kuwait.
En América, más de cinco millones de personas vivían bajo condiciones de esclavitud moderna en 2021, con Venezuela, Haití y El Salvador liderando la región en cantidad y prevalencia de personas en esclavitud moderna. El informe muestra cómo la migración masiva impulsada por la inestabilidad política, la violencia y la degradación ambiental ha exacerbado la esclavitud moderna, y ha obligado a millones de personas en la región a migrar de formas no planificadas que los ponen en mayores riesgos de explotación.
Qué es la esclavitud moderna
La disparidad de riqueza impacta las respuestas del gobierno ante la esclavitud moderna dentro de la región. EE.UU. y Canadá, los dos países más ricos, han tomado las mayores medidas para abordar la esclavitud moderna en América. Sin embargo, incluso en estos países, miles de personas se ven obligadas a trabajar o casarse, a pesar de los altos niveles de desarrollo económico, igualdad de género, bienestar social y estabilidad política, así como de sólidos sistemas de justicia penal.
“La esclavitud moderna impregna todos los aspectos de nuestra sociedad. Se teje a través de nuestra vestimenta, enciende nuestros productos electrónicos y condimenta nuestra comida”, explica Grace Forrest, directora fundadora de Walk Free. Y agrega: “En esencia, la esclavitud moderna es una manifestación de desigualdad extrema. Es un espejo del poder, que refleja quién lo tiene y quién no lo tiene en una sociedad determinada. En ningún lugar esta paradoja está más presente que en nuestra economía global a través de cadenas de suministro transnacionales”.
El informe destaca el papel desempeñado por las naciones del G20 en el fomento del trabajo forzoso dentro de las cadenas de suministro globales, incluido el trabajo forzoso impuesto por el estado. El G20 concentra a más de la mitad de todas las personas que viven en esclavitud moderna e importa 468.000 millones de dólares en productos de riesgo anualmente Estados Unidos fue, por mucho, el mayor importador de productos de riesgo (169.600 millones de dólares).
Los productos electrónicos siguieron siendo el producto de riesgo de mayor valor (243.600 millones de dólares), seguidos de las prendas de vestir (US$ 147.900 millones), el aceite de palma (US$ 19.700 millones), los paneles solares (US$14.800 millones) y los textiles (US$ 12.700 millones).
El informe reveló que seis naciones del G20 se encuentran entre los países con la mayor cantidad de personas en esclavitud moderna, India (11 millones), China (5.8 millones), Rusia (1.9 millones), Indonesia (1.8 millones), Turquía (1.3 millones) y Estados Unidos (1.1 millones).
El informe también muestra cómo el cambio climático ha exacerbado la esclavitud moderna. Los eventos climáticos cada vez más intensos están desplazando a las comunidades y estimulando los riesgos de la esclavitud moderna; mientras que los sectores con alto riesgo de trabajo forzado, como la minería, la tala de árboles y la fabricación de textiles/prendas de vestir, contribuyen a la degradación climática. Existe cada vez más evidencia de que las industrias renovables, vitales para la transición a la energía limpia, dependen del trabajo forzado.
Desde 2018, la cantidad de personas que viven en esclavitud moderna ha aumentado a 50 millones, pero la acción del gobierno se ha estancado, particularmente entre aquellos con respuestas tradicionalmente más fuertes. La comunidad global está aún más lejos de alcanzar los objetivos que acordó priorizar; ningún gobierno está en camino de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU 8.7 de poner fin a la esclavitud moderna, el trabajo forzado y la trata de personas para 2030.
En los últimos años, Australia, Canadá, Alemania y Noruega han introducido una legislación para responsabilizar a las empresas y al gobierno por la explotación que se produce en las cadenas de suministro globales. Si bien es un paso en la dirección correcta, los países del G20 deberían usar su influencia para pasar de la intención a la acción real.
Forrest añadió: “Con 50 millones de personas viviendo en esclavitud moderna en la actualidad, este Índice Global de Esclavitud exige acción inmediata. Walk Free está instando a los gobiernos de todo el mundo a intensificar sus esfuerzos para poner fin a la esclavitud moderna en sus tierras y en sus cadenas de suministro. Conocemos la escala del problema y tenemos el conocimiento y las políticas necesarias para actuar. Lo que necesitamos ahora es la voluntad política”.
El informe insta a los gobiernos de todo el mundo a tomar inmediatamente las siguientes cinco medidas clave:
- Implementar medidas más sólidas para combatir el trabajo forzado en las cadenas de suministro públicas y privadas a través de la introducción de legislación a fin de evitar que los gobiernos y las empresas obtengan bienes o servicios vinculados a la esclavitud moderna.
- Incorporar medidas contra la esclavitud en las respuestas humanitarias y ante las crisis, y garantizar que los derechos humanos estén integrados en los esfuerzos para construir una economía ecológica.
- Priorizar los derechos humanos al hacer tratos con regímenes represivos, actuando con la diligencia debida para garantizar que cualquier comercio, negocio o inversión no contribuya ni se beneficie del trabajo forzoso impuesto por el estado, incluso cuando ocurra en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China.
- Centrarse en la prevención y protección de poblaciones vulnerables al brindar educación primaria y secundaria a todos los niños, incluidas las niñas.
- Garantizar protecciones civiles y penales efectivas en la legislación para abordar el matrimonio forzado e infantil, incluida la elevación de la edad para contraer matrimonio a 18 años para niñas y niños, sin excepciones.