Entre los diversos actores de esta obra colectiva hay acuerdo acerca de las dificultades que atraviesa el sistema de salud, y la necesidad de buscar salidas en conjunto. Pero la trama es compleja; los desajustes, añejos, y el horizonte prevé un camino cuesta arriba hasta llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes.
“Tenemos que ser conscientes de que la plata no alcanza para todo. La salud es una inversión de enorme valor para la sociedad y el Estado debe traducir eso a acciones concretas”, dijo José De All, director Ejecutivo del Sanatorio Otamendi y presidente de Medicus, durante un panel en la 7ma. edición del Summit Health in Action que organizó Forbes Argentina.
Otro de los componentes del engranaje es el que aportan las obras sociales. Desde ese ángulo, Carlos Felice, abogado especialista en Sistemas de Salud y Presidente de Ospat, advirtió que el 70% de esas organizaciones “no están pudiendo ofrecer el PMO. Debería haber presencia del Estado en la creación de un instituto que regule y determine cuando es pertinente la judicialización de un reclamo”.
En el debate también estuvo presente Edgardo Vázquez, Gerente General de Laboratorios Bagó, quien condensó la preocupación general al sostener que “como sociedad debemos discutir cuántos recursos le daremos al sistema de salud y de dónde vendrán: no hemos generado riqueza en 30 años como país, pero demandamos un servicio de mejor calidad. Hay que alinear a un montón de interlocutores, con diálogo entre la política y los distintos actores”.
Equilibrio entre sistemas
Felice consideró que en Argentina la salud está “en crisis” y que se trata de una estructura “muy particular, con tres subsistemas: el público, el de las obras sociales y el privado. Hay que establecer políticas que se ajusten a la realidad de cada sector. Hoy las obras sociales reciben en promedio $ 20.000 por cada afiliado, pero el Plan Médico Obligatorio cuesta $ 50.000”. Y agregó: “Además, hay 131 obras sociales que tienen menos de 10.000 afiliados, por lo que son inviables”. Por eso, para seguir funcionando, se endeudan.
En ese sentido, remarcó que el PMO “ni siquiera es una ley, y ante un amparo judicial, por ejemplo, por una medicación de alto costo, se desnivela cualquier organización”. Y reclamó: “Debería ser como en el Reino Unido, donde un instituto de evaluación tecnológica sanitaria evalúa si esa judicialización es pertinente. También hay que ver la asistencia estatal en casos particulares y un equilibrio entre sistemas de integración pública-privada”.
Con respecto a posibles soluciones en lo inmediato, mencionó a la telemedicina para contrarrestar la saturación de la demanda, pero hizo hincapié en “escuchar a los actores para discutir un adecuado financiamiento, con el Estado presente en determinados aspectos ante el deterioro social”.
Incentivos económicos para ser más saludables
“El sistema está estresado”, resumió Vázquez, por su parte, quien recurrió a su propia historia como ejemplo: “Cuando yo nací, a mi mamá no le hicieron ninguna ecografía. Hoy una embarazada tiene al menos 6 o 7”. Es por eso que abogó por un análisis acerca de cómo financiar al sistema y luego establecer prioridades de destino para esos recursos. “De lo contrario, el derecho a la salud termina siendo inequitativo y le llega a quien tiene más capacidad de reclamar. También hay que articular lo público con un sistema de seguridad social. Pero en un país federal como el nuestro, con 24 provincias, eso implica una capacidad de diálogo muy importante”, remarcó.
En ese sentido, se podría pensar en prestaciones universales complementadas con las que ofrece el sistema privado de salud. “Pero alguien tiene que pagar por esos servicios y necesitás alinear a un montón de interlocutores en momentos en que la salud no es una de las problemáticas del argentino de a pie. Además, pasa algo acá que no existe en ningún lugar del mundo y que es dar derechos a coberturas sin determinar fuentes de financiamiento, como es el caso del by pass gástrico o tratamientos de fertilidad. La política creó una fantasía”.
Y agregó: “Si querés imponer una solución de manual, surgen dificultades de intereses. Por eso hay que ver cómo seguir manteniendo un sistema de salud que ha sido diferencial en Argentina con respecto a los países vecinos con diálogo y reconociendo la historia que tenemos, la infraestructura sanitaria, los recursos en el ámbito geográfico. Falta mayor coordinación entre los actores”.
Hasta que eso se logre, abogó por hacer un uso inteligente de la tecnología que permite conocer los hábitos de los afiliados o pacientes: “Hay países que te dan una retribución si dejás de fumar; en Estados Unidos, el costo del seguro médico baja para los que son menos sedentarios. Nosotros dejamos de lado los incentivos económicos relacionados con la salud”.
La tecnología está
Para De All, el sistema de salud enfrenta “cambios dramáticos” y un “momento bisagra” en el cual se está concretando “una puesta al día de los retrasos sistemáticos” que sufría el sector.
“El Estado siempre se ha visto tironeado por pedidos y necesidades, y no siempre hizo uso de sus recursos de la mejor forma. Pero esa tiranía se puede vencer con decisión política”, afirmó.
El presidente de Medicus destacó finalmente que, durante la pandemia, hubo un “catch up considerable” en la actividad. “El excedente de capital siempre se volcó a infraestructura, capacidad instalada y tecnología, aun cuando un resonador cuesta US$ 2 millones. Las herramientas están”, concluyó. Con ese punto de partida, desde una instancia de acuerdo multisectorial podrían verse resultados positivos.
