La promesa no surgió en la campaña electoral, pero sí en una instancia de Rendición de Cuentas ante el Parlamento, en 2022. Condicionada por el crecimiento que tuviera la economía, el mandatario puso sobre la mesa una rebaja de impuestos a las personas físicas y a las jubilaciones. 

Con una economía que venía de crecer 10% en dos años y superar en 3,5% su nivel prepandemia, el presidente anunció, en marzo de este año, la tan esperada reducción impositiva. Era el 2 de marzo y, nuevamente frente al Parlamento, el mandatario puso fin a un año de especulaciones y expectativas alentadas desde la propia Torre Ejecutiva.

Los anuncios comprenden una serie de modificaciones leves en algunos parámetros específicos del cálculo de los impuestos, beneficiando principalmente a las primeras franjas de aportación mediante el aumento de los montos a deducir y, por esa vía, reduciendo el impuesto efectivo que pagan los contribuyentes.

El debate político tras el anuncio revela un país aparentemente dividido en dos visiones del sistema tributario.

La realidad, sin embargo, muestra que las posiciones no son tan disímiles y que aquello que unos y otros intentan mostrar como un cambio, en realidad es una muestra de continuidad y de marginalismo republicano.

La gradualidad se expresa en la magnitud del impacto de las medidas, que difiere de la visión que el gobierno busca imponer en el discurso. En los números, la rebaja de impuestos tiene un efecto limitado, tanto a nivel macro como microeconómico.

En cuanto a la actividad económica, tres décimas de puntos del PIB difícilmente generarán un efecto multiplicador al pasar de manos del gobierno a manos privadas, al menos no en una magnitud que acelere el crecimiento económico, como sugiere el gobierno. 

Como punto a favor, no alcanza a empañar la reputación de disciplina fiscal que se ganó el gobierno en sus primeros tres años de gestión, algo que llegó a preocupar a algunos economistas en la previa al anuncio oficial.

Desde la perspectiva microeconómica –o desde el bolsillo de la gente–, también resulta difícil percibir un impacto relevante. 

La rebaja de impuestos es marginal y se concentra en un número limitado de contribuyentes. En la primera gráfica se muestra el beneficio que representan las medidas para diferentes configuraciones de hogares.

El aumento del porcentaje de deducción es la principal medida anunciada y beneficia a los contribuyentes con ingresos de entre aproximadamente $ 46.000 y $ 63.000 líquidos. En el caso de un hogar sin hijos a cargo, el máximo beneficio en términos de ingreso se alcanza sobre el límite superior de ese rango y no supera el 1,1% del ingreso líquido mensual. Hay muchos hogares en Uruguay donde $ 670 resulta un incremento relevante para mejorar su nivel de vida, pero no son ellos quienes recibirán el beneficio.

En el caso de dos y tres hijos, la reducción impositiva puede llegar a representar 2,2% y 3,3% del ingreso, respectivamente. Casos muy específicos donde además se cuente con alquileres o préstamos hipotecarios por viviendas adquiridas en menos de US$ 145.000 de hoy, pueden alcanzar beneficios mayores.

¿Podría haber sido más significativa la rebaja? Sí, pero eso implicaría una renuncia fiscal imprudente la cual el gobierno, empezando por el equipo económico, no está dispuesto a realizar. Se busca cumplir con una promesa, pero al mismo tiempo legitimar una idea fiscal central en la gestión de Lacalle Pou: era necesario un ajuste como el que se viene procesando desde 2020 para ordenar la casa y cosechar los frutos de un crecimiento saludable en el futuro cercano. El gobierno ofrece esta rebaja como un primer bocado.

Además, el Ejecutivo busca diferenciarse de la oposición, que en su último mandato incrementó la carga impositiva a los sectores de mayores ingresos. De hecho, la rebaja se plantea como una forma de devolver ese esfuerzo adicional que recayó sobre todo en la clase media y media-alta.

Resulta curioso que el gobierno utilice esta rebaja como elemento diferenciador. Al analizar la carga del impuesto para diferentes niveles de ingreso (ver gráfica 2), es imposible ver un quiebre entre una y otra administración. En primer lugar, no hay un solapamiento entre los perjudicados de aquel entonces ni los beneficiados de ahora.

Quienes ganaban el equivalente a $ 100.000 nominales o más, se vieron afectados en su momento por el aumento diseñado por el equipo económico liderado por Danilo Astori, pero no tendrán mejora alguna con los beneficios anunciados por Lacalle Pou. De hecho, quienes se beneficiarán por las rebajas de impuestos son los mismos que en su momento también ganaron con la eliminación del IRP y su sustitución por el IRPF.

Desde la oposición también hay un intento por distanciarse de la política tributaria mediante la crítica a decisiones puntuales, como el cambio de criterio del Índice de Precios al Índice de Salarios para actualizar la BPC. No obstante, en términos agregados, este cambio resulta menor y de carácter técnico que no afecta la naturaleza del impuesto.

Lejos de transformar la imposición a la renta, las medidas anunciadas consolidan y legitiman la reforma realizada por el Frente Amplio en su primera gestión. Con pequeños cambios, la hacen incluso más progresiva. 

Mientras tanto, el debate económico se agota en quién exagera más los beneficios o perjuicios aislados de una política tributaria en la que, en líneas generales, todos están de acuerdo.

Uruguay disfruta y padece al mismo tiempo de una doble condición: tiene la suerte de contar con políticos de distintas corrientes y tradiciones que concuerdan en la mayoría de los temas, pero la desdicha de no lograr una discusión constructiva, ni siquiera en esos puntos de consenso.
 

*Este artículo fue publicado originalmente en Forbes Uruguay del mes de Abril.