Al igual que ocurrió el año pasado, el presidente Luis Lacalle Pou se presentó ante la Asamblea General en la tarde del jueves 2 de marzo para rendir cuentas. Sin embargo, esta vez tenía un ingrediente diferente: la promesa del anuncio de una rebaja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).
La idea de dar un alivio tributario a un sector de contribuyentes había sido mencionada durante la campaña electoral, incluso fue incluida en el documento conjunto de la coalición “Compromiso por el país”, y reiterada en los últimos años de gobierno, pero no se había realizado hasta el momento ya que se esperaba tener los números en orden.
“A lo largo del discurso he hablado de un aumento económico, del crecimiento del empleo, de finanzas equilibradas, del cumplimiento de metas fiscales, del apoyo creciente a los más vulnerables. Hemos demostrado que con dedicación, esfuerzo y respeto por el dinero de los uruguayos se pueden conjugar todas estas cosas. (Por eso) Estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos”, expresó el mandatario y despertó el aplauso de los presentes.
La disminución de los tributos, explicó Lacalle Pou, está dirigida en una primera etapa a aquellas personas “que hacen grandes esfuerzos por sostener económicamente el país y que generalmente no tienen un apoyo integral del Estado por no estar en una situación vulnerable”.
¿Cuál es la rebaja?
Durante su discurso, el jefe de Estado indicó que el primer paso será aumentar las deducciones con el foco principal en los trabajadores contribuyentes del IRPF de menores ingresos y con los trabajadores que tengan hijos a cargo.
“Se va a aumentar la deducción del 10% al 14% a aquellas personas con menores ingresos. Se va a aumentar la deducción por hijo de 13 BPC a 20 BPC, manteniendo la duplicación en caso de hijos con discapacidad. Se va a aumentar el tope del costo de la vivienda para poder acceder a la deducción del crédito hipotecario. Se va a aumentar el crédito por arrendamiento de 6% a 8%”, detalló.
De esta manera, los que tienen ingresos líquidos de hasta $ 60.500, o $ 68.260 si se incluye el aguinaldo y el salario vacacional, pasarán de realizar deducciones del 10% al 14% en el momento en que comience a regir la medida. Estos cambios, indicó Lacalle Pou, representan a cerca de 63.000 uruguayos que van a dejar de pagar el IRPF.
Asimismo, las deducciones que se realizan por hijo a cargo que hasta ahora eran de 13 BPC anuales, lo que al valor actual implica $ 73.580, pasará a ser de 20 BPC, es decir $ 113.200.
Con respecto al IASS, en esta primera etapa en la que se planea “desandar” el impuesto, se va a aumentar la jubilación mínima a partir de la cual se paga el tributo. “Se propone aumentar el mínimo no imponible de 8 BPC a 9 BPC. Al mismo tiempo aumentar el crédito por arrendamiento al 8%. Con estas medidas, cerca de 20.000 personas dejan de pagar también este tributo”, expresó.
El cambio implica que se aumenta el tope del ingreso mensual establecido para que no se deba pagar el impuesto. Ese umbral pasará de 8 BPC, que en la actualidad equivale a $ 45.280, a 9 BPC, es decir $ 50.940.
Por otra parte, el presidente también anunció que se propusieron un conjunto de medidas que se suman a las ya otorgadas a las micro y pequeñas empresas. Este, aseguró, fue un “reclamo de alguno de los miembros de la oposición”. “Estas empresas constituyen el corazón del motor económico de nuestro país”, agregó.
Toda la renuncia fiscal entre personas y empresas significan US$ 150 millones. “Estoy convencido de que además de los directamente beneficiados, que superan los 80.000 que no van a pagar, y los otros beneficiados parcialmente, se va a generar un proceso virtuoso: un proceso de mayor consumo y por ende de más dinamismo económico”, detalló.
En ese sentido, el presidente consideró: “La mayoría de estos uruguayos que se van a beneficiar es para comprar en el almacén, para pagar las cuentas, para comprarle ropa a los hijos, para la cotidiana. No es para comprar bonos del tesoro, ni para grandes ahorros ni para irse a veranear al extranjero”.
“Luz amarilla”
Antes de conocer los detalles del anuncio realizado por el presidente ante la Asamblea General, el Consejo Fiscal Asesor (CFA) señaló "riesgos de posible revisión del proceso de consolidación fiscal en términos estructurales”.
“A pesar de que la economía creció 5% o más en 2022, incluso en el debate cíclico la recaudación creció significativamente menos que eso en el promedio del año, lo cual es una luz amarilla para mirar con atención, seguir monitoreando. Puede haber alguna dinámica específica de lo que fue el rebote de 2021, la desaceleración que mencionábamos de 2022, pero es un tema que en el terreno de lo cíclico ya es como para monitorear”, indicó el economista Aldo Lema, uno de los integrantes del CFA.
De todas maneras, en el momento en que se realizó la presentación del “Informe sobre el cálculo del Resultado Fiscal Estructural al cierre del año fiscal 2022”, los miembros fueron enfáticos en aclarar que no contaban con información sobre los detalles de la rebaja.