Hay ciertos barrios que se repiten hace años a la hora de buscar alquileres: Pocitos, Malvín, Punta Carretas y Cordón (según recoge un reciente informe de Mercado Libre). La novedad de los últimos años (gracias, en parte, al homeoffice) es el corrimiento que hubo hacia Ciudad de la Costa y barrios costeros de Canelones, donde por el mismo precio se puede acceder a propiedades más grandes o incluso con jardín. También en ese departamento se está construyendo cada vez más. "Ahí estuvo bien la Intendencia de Canelones, que puso una oficina solo para los desarrolladores, entonces los trámites salen más rápido y se puede empezar a construir", apunta Javier Ache, director comercial de InfoCasas.

"En cuanto a proyectos en construcción, al estar algo colapsados los barrios más demandados, los precios de los terrenos se dispararon, por lo que desarrollistas están empezando a correrse también a barrios como la Blanqueada o la Comercial", explica Ache. 

Según datos recogidos por la Cámara Inmobiliaria, el 56% de los que invierten en propiedades en Uruguay pagan por estas hasta US$ 150.000, 37% opta por un ticket de entre US$150.000 y US$300.000,  6% entre US$ 300.000 y US$ 500.000 y 1% desembolsa más de US$ 500.000.

Gracias a la Ley de Vivienda Promovida (antaño Ley de Vivienda de Interés Social) el rubro construcción sigue pujante y se hizo más atractivo aún construir gracias a algunos cambios que se introdujeron en la LUC al inicio de este gobierno. Los consultados destacan como positivos la eliminación de los topes de precios a las unidades construidas por esta ley y el aumento del límite de hasta 1 millón de unidades indexadas para poder pagar en efectivo.

De las unidades construidas bajo esta normativa, el 46% son de un dormitorio, el 24% de dos y un 21% son monoambientes. 

No se construyen de tres dormitorios o más porque "no es atractivo construir así". Hoy, eso solo se hace en proyectos premium. "Cada cuarto extra te achica el margen, va valiendo menos en el precio final. El primer cuarto te sale carísimo, después cada cuarto extra vale menos. No es que una casa de dos cuartos vale 200.000 y de cuatro vale 400.000. Entonces al desarrollista le conviene lotearlo para que el metro cuadrado valga más", explica Roberto Kosak, director de Inmobiliaria Kosak. 

"Hay nuevos polos de vivienda como Avenida Italia y Propios o la zona de 8 de Octubre del Hospital Militar... Zonas que nunca pensamos que iban a crecer", analiza. "Tanto así, que en algunas zonas tuvieron que limitar la altura. Este crecimiento de oferta se combina con la demanda de gente que quiere invertir seguro para renta, principalmente uruguayos y argentinos", comenta. 

Un apartamento tarda un promedio de 26 días en ser alquilado en InfoCasas. Si toma más es un indicador de que la propiedad es superior a la media.

"En el mercado se está vendiendo, pero no al ritmo que se vendía el año pasado o el anterior, ahora es más lenta la venta y el período de concreción de la misma es un poco más largo, quizás por año electoral", dice Ache. Ese periodo entre que se pone a la venta la propiedad y efectivamente se vende pasó de unos días a un par de semanas. "El que está acostumbrado a comprar para invertir lo hace en esos tiempos, distinto es para vivir o si es la primera vez que compra, que le puede llevar meses". 

Para el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, Matías Medina, el resultado electoral no genera preocupación "porque ya han gobernado todos" y los lineamientos generales de las políticas que afectan al rubro se continuaron. 

En nuestro país hay más de 800 inmobiliarias nucleadas en la Cámara Inmobiliaria (desde unipersonales hasta franquicias) pero se estima que hay algunas más por fuera de ese paraguas ya que "no se afilian porque no quieren plegarse a las normas éticas que requerimos", dice  Medina. En este sentido, se espera que la Ley del Operador Inmobiliario sancionada recientemente en el Parlamento ordene un poco el rubro, potencie la formación y le dé un número de matrícula a cada inmobiliaria, lo que las obliga a mantener su operativa en regla en DGI, BPS y Senaclaft (Secretaría antilavado).