Más allá de candidatos y programas de gobierno, en las elecciones de octubre la ciudadanía debe optar por decir sí o no a un plebiscito que deroga puntos centrales de la reforma jubilatoria aprobada por la administración de Luis Lacalle Pou y cambia otros que vienen de antes.
Decir sí o no sobre la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), o a que la edad para jubilarse sea de 60 años —y no 65 como a partir de la reforma del gobierno— y a que las jubilaciones mínimas se equiparen al salario mínimo.
Todo surgió a partir de una propuesta impulsada por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y aprobada luego por el Pit-Cnt, aunque con diferencias internas. Se entregaron 430.000 firmas y ahora la última palabra la tiene la Corte Electoral, que debe verificar si se cumple con el 10% del padrón de votantes que exige la Constitución para la convocatoria del plebiscito.
¿Qué se juega el domingo 27 de octubre en caso de validarse las firmas? Para Rodolfo Saldain, presidente de la comisión de expertos que redactó la reforma aprobada por este gobierno, las consecuencias son varias y van desde un aumento del déficit fiscal a la posibilidad de que se inicien juicios contra el Estado.
Karina Sosa, presidenta de la ATSS, aclaró que por una cuestión de seguridad jurídica la propia reforma promovida por la central sindical determina un plazo de 24 meses para legislar sobre los puntos a consideración de la ciudadanía, por lo que se abre un proceso para la implementación.
Los principales cambios
Uno de los aspectos más importantes tiene que ver con la eliminación del sistema mixto de jubilación —creado en 1995— por lo que pasarían todos los ahorros de los trabajadores a manos del Estado.
Sosa explicó el cambio de la siguiente manera: "Lo que sucedería es que cesa la transferencia de fondos del Banco de Previsión Social a las AFAP, no cesa el lucro de estas porque tienen dinero invertido a determinada cantidad de años y eso se respeta".
Saldain advirtió que se pasarían todos los ahorros a través de un fideicomiso al BPS, pero "el administrador sería una persona pública no determinada por el texto de la reforma".
Sobre este punto, la presidenta de ATSS contó que la idea original era incluir directamente en el texto de la papeleta como administrador al Banco República, pero al final en la discusión dentro del Pit-Cnt se definió no especificar. El beneficiario será el BPS.
Para Saldain, la reforma propuesta por el Pit-Cnt sumada al envejecimiento poblacional (derivado de la caída en nacimientos) coloca sobre los jóvenes "una mochila muy grande". En ese marco, citó un estudio realizado por el Centro de investigaciones Económicas (Cinve) de diciembre del año pasado, el cual señala que el gasto generado por estos cambios "es imposible que sea absorbido en cualquier escenario macroeconómico razonable de futuro".
En pocas palabras: "el déficit se multiplicaría varias veces. Los problemas que ya teníamos se agravan", resumió Saldain. Además, señaló que abre la posibilidad de miles juicios en contra del Estado, no solo de los accionistas de alguna AFAP, pero también generaría problemas por ejemplo con los llamados "cincuentones" que en su momento optaron por no desafiliarse del sistema mixto para evitar pagar aportes que no habían vertido a las AFAP. "Si se aprueba esto ahora los tienen que pagar igual", acotó Saldain.
La visión de Sosa es muy diferente. "Dinero hay de sobra en las AFAP y lo que se le pasa del BPS a las AFAP es más de lo que se necesita para cubrir estas modificaciones que proponemos de forma inicial", concluyó.
Además, cuestionó que se utilice "el dinero de los trabajadores" (que se vuelca a títulos de deuda pública) como salvaguarda para tener buena calificación económica y solicitar préstamos monetarios a diferentes organismos internacionales. "El miedo que tienen es perder el grado inversor, porque les encanta pedir préstamos", opinó la presidenta de ATSS.
A los cambios en las AFAP se suma un interrogante sobre las reformas de las cajas Notarial y Bancaria, que ya se aprobaron. "Se derogan las reformas de las cajas. Eso implica a su vez más déficit y se vuelve a foja cero", advirtió Saldain.
Sosa sostiene que no es así. "Fuimos claros en la papeleta, al colocar la expresión jubilación común, nosotros ya sabíamos que la Caja Bancaria iba a hacer su reforma porque estaba fundida; y que la Notarial no iba entrar porque se reformó en 2019; y que la de profesionales se está muriendo también", añadió. La dirigente sindical señaló que "al decir causal común", la intención fue que no se abarcaran las cajas paraestatales.
Más allá de las AFAP, la reforma propuesta por el Pit-Cnt congela la edad jubilatoria en 60 años y los aportes en 30 años y lo incorpora a la Constitución. Estos puntos representan un eje central de la reforma de Lacalle Pou. "Hay 40 países en el mundo que cambiaron la edad para jubilarse en los últimos 15 años por los efectos demográficos del envejecimiento poblacional", dijo Saldain como argumento para no dar marcha atrás.
Saldain también cuestionó que se equiparen las jubilaciones con salarios mínimos y argumentó que una persona puede cobrar más de una jubilación y eso no se toma en cuenta en la ley. "Va a haber un mayor gasto, pero no está dirigido a las de menores recursos", precisó.
A esto, Sosa respondió que "el espíritu de la norma es que aumenten las pasividades, pero que no sea por persona sino que se estudie caso a caso", tarea que, señaló, es administrativa del BPS.