El pronóstico para Dulce Atahuaman Carhuancho era sombrío. Los médicos del Hospital Oschner Lafayette General, en Luisiana, le dijeron a la familia de la joven de 21 años que probablemente no sobreviviría a la hemorragia cerebral que padecía. Aunque la causa de la lesión y de los hematomas en su cuerpo no estaba clara, sus abogados creen que fue resultado de un trauma sufrido dentro del South Louisiana ICE Processing Center (SLIPC), un centro de detención exclusivo para mujeres inmigrantes, administrado por la empresa privada de prisiones Geo Group, valuada en 5.000 millones de dólares.

De nacionalidad peruana, Carhuancho llegó a SLIPC tras ser detenida en Arizona, donde informó a las autoridades migratorias que buscaba asilo político. Pasó un mes en el centro de detención antes de ser trasladada de urgencia al hospital Oschner Lafayette, donde, según una demanda presentada contra Geo, ingresó con "evidencia compatible con abuso sexual repetido y trauma, incluyendo hematomas significativos en y alrededor de los glúteos".

Carhuancho sobrevivió, pero sufrió daño cerebral. La liberaron de la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras recibir el alta del hospital a fines de 2023. Sin embargo, aún tiene dificultades para caminar sin ayuda, a menudo requiere asistencia para ir al baño y recién en julio pasado comenzó a alimentarse por sí sola nuevamente, según indicaron sus abogados familiares a Forbes. Hasta el día de hoy, no recuerda lo que le ocurrió dentro de SLIPC. Y Geo Group hizo poco por dar explicaciones.

La familia Carhuancho demandó a la empresa, alegando múltiples fallas en la protección de Dulce y un intento de encubrir su negligencia. Aseguran que la compañía no explicó cómo sufrió sus lesiones y que proporcionó casi ninguna información sobre su estancia en SLIPC. En respuesta a una citación judicial emitida en octubre, que exigía la entrega de informes de investigación, registros de movimiento y grabaciones de seguridad relacionadas con los hechos que causaron daño a Carhuancho, Geo solo entregó un único informe médico y un expediente básico de reclusa.

Ahora, un año y medio después del incidente, la familia de Carhuancho sostiene que el centro de detención sigue sin ofrecer una versión sobre el origen de sus lesiones. "Hasta donde sabemos, Geo no hizo nada", dijo Jill Craft, una de las abogadas de la joven, quien presentó la demanda en septiembre. "Lo que le ocurrió a nuestra clienta es una tragedia", comentó. Por su parte, el vocero de Geo, Christopher Ferreira, declaró a Forbes que la empresa negó todas las acusaciones en la demanda de los Carhuancho, calificándolas de "infundadas". El litigio sigue en curso.

A medida que la administración de Donald Trump aceleró lo que promete ser el mayor esfuerzo de deportación masiva en la historia de Estados Unidos, las acusaciones de la familia Carhuancho y de otras víctimas plantean serias dudas sobre cómo un sistema ya sobrecargado manejará un posible incremento sin precedentes en la cantidad de detenidos.

Una revisión realizada por Forbes de más de 20 demandas presentadas contra Geo y su principal competidor, CoreCivic, en el último año, junto con entrevistas a ex empleados, reveló acusaciones recurrentes de mala gestión, escasez de personal y condiciones peligrosas en sus instalaciones (todos los casos siguen en curso, excepto uno que se resolvió extrajudicialmente).

Un informe reciente de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sobre muertes en centros de detención del ICE entre 2017 y 2021 indicó que, de las 52 muertes de inmigrantes reportadas, 18 ocurrieron en instalaciones de CoreCivic y 13 en centros de Geo. El informe concluyó que el 95% de estas muertes eran evitables.

Negligencia y violaciones a los derechos humanos

En 2018, Geo Group también recibió sanciones por deficiencias en la atención médica en su Centro de Detención de Aurora, en Colorado, tras la muerte de un detenido luego de suspender su medicación para el trastorno por consumo de opioides, según el informe de la ACLU. Geo se negó a comentar sobre el informe.

Ese mismo informe también registró dos suicidios en un centro de detención de Georgia en 2018, por los cuales ICE multó a CoreCivic por incumplir con su deber de cuidado, incluyendo la falta de cumplimiento de las normas de prevención del suicidio. CoreCivic argumentó que los datos de la ACLU no especificaban qué decesos en sus instalaciones fueron prevenibles y señaló que tres muertes ocurridas en el Centro de Detención Otay Mesa sucedieron antes de que la empresa asumiera la gestión de los servicios de salud allí. CoreCivic no respondió a las solicitudes de comentario sobre los suicidios.

Liz Casey, trabajadora social del Proyecto Florence de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados —una organización que brinda asistencia legal gratuita a los detenidos del ICE en Arizona, donde CoreCivic y Geo operan complejos penitenciarios—, sostuvo que los testimonios de sus clientes revelan un "básico desprecio por la humanidad" dentro de estas prisiones privadas. "Las condiciones de limpieza, la atención médica, prácticamente todos los aspectos de la vida en estos lugares dejan mucho que desear", afirmó.

Ambas compañías rechazaron estas acusaciones y aseguraron que proporcionan instalaciones "limpias y humanas", con atención médica acreditada para los detenidos.

Un negocio en auge con la política migratoria de Trump

Geo y CoreCivic, junto con sus dos competidores más pequeños, LaSalle Corrections y Management and Training Corporation (MTC), esperan beneficiarse de un aumento en la demanda de detención de inmigrantes, impulsado por la política migratoria de la administración Trump.

Tras la victoria electoral de Trump, el CEO de Geo, George Zoley, se mostró entusiasmado en una llamada con inversores en noviembre, afirmando que la postura del presidente electo sobre inmigración representaba una "oportunidad sin precedentes" para la empresa. Según sus palabras, el negocio proyecta un "potencial de duplicación de todos nuestros servicios".

Los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de 2023 muestran que alrededor del 90% de los detenidos por el ICE estaban recluidos en instituciones privadas y que aproximadamente el 80% de ellos estaban alojados en las instalaciones de CoreCivic y Geo Group. Eso resultó un buen negocio para ambas empresas. En el penúltimo año del primer mandato de Trump en 2019, registraron ingresos récord: 1.980 millones de dólares y 2.480 millones de dólares respectivamente. Ganaron aproximadamente lo mismo con Biden en 2023, 1.900 millones de dólares y 2.410 millones de dólares. Ambas consideran al ICE su mayor cliente, que representó el 30% de los ingresos de CoreCivic y el 43% de los de Geo, según los resultados trimestrales más recientes de las empresas.

Ahora, con la promesa de Trump de llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos, parece que recibirán un impulso significativo: los precios de las acciones de CoreCivic y Geo, valoradas en 2.500 millones de dólares, aumentaron un 76% y un 75% respectivamente tras la victoria del presidente en noviembre. Desde entonces, las dos empresas sentaron las bases para conseguir los contratos del ICE que probablemente surjan de una nueva ola de arrestos. Ambas presentaron propuestas de contrato en respuesta a una solicitud del ICE para ampliar la capacidad de detención. Y este mes, la agencia firmó un acuerdo de 20 millones de dólares con Geo y otro de 6 millones con CoreCivic.

La pregunta es: ¿están las empresas preparadas para la enorme afluencia de detenidos —hasta 11 millones en los próximos años— si Trump cumple su promesa de campaña?. Tanto Geo como CoreCivic recibieron denuncias por supuestas condiciones peligrosas e insalubres dentro de sus edificios. En 2022, un año antes de que Carhuancho ingresara en SLIPC, una inspección sin previo aviso del complejo de Geo por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes encontró niveles insuficientes de personal médico, una planificación inadecuada de respuesta a emergencias y una plaga de mosquitos, entre muchos otros problemas. Geo no respondió preguntas sobre los hallazgos del Defensor del Pueblo.

El año pasado, la organización sin fines de lucro Robert F. Kennedy Human Rights, la ACLU y otros grupos centrados en la inmigración publicaron un informe sobre las condiciones en nueve cárceles del ICE de Luisiana, incluidas cuatro dirigidas por Geo Group. Basado en dos años de visitas y entrevistas con más de 6.000 personas, desde reclusos hasta empleados de las instalaciones, el informe concluyó que estos centros "violaban sistemáticamente los estándares mínimos de atención del propio ICE y las leyes estatales, federales e internacionales".

Entre las supuestas violaciones, "privación de necesidades humanas, trato abusivo y discriminatorio, y abuso y negligencia médica", incluyendo negarle una cirugía a un hombre con una hernia, negar reiteradamente citas con el oncólogo a personas que sufrían cáncer y retrasar el tratamiento de accidentes cerebrovasculares, convulsiones y ataques cardíacos. Geo no respondió a las preguntas sobre el informe.

En una demanda por despido injustificado presentada contra el Centro de Detención Otay Mesa, administrado por CoreCivic, en San Diego, una trabajadora de la salud alegó que la despidieron después de plantear preocupaciones sobre malos tratos, negligencia y falta de provisión de apoyo médico adecuado. La demanda describe la instalación como "carente de personal y mal equipada" para lidiar con las necesidades de 1.500 detenidos, y relata una serie de supuestos incidentes en los que sus vidas estuvieron en peligro.

Los registros judiciales muestran que la demandante está en conversaciones extrajudiciales con CoreCivic para llegar a un acuerdo, que previamente negó todas las acusaciones de la demanda. El gerente de asuntos públicos de CoreCivic, Brian Todd, dijo que la empresa brindaba atención médica acreditada de alto nivel, y agregó que todos en Otay Mesa tenían acceso a servicios médicos las 24 horas.

Corrupción, drogas y abusos dentro de las prisiones privadas

En el Centro Correccional del Condado de Cibola (CCCC) de CoreCivic en Nuevo México, donde se encuentran detenidos 220 reclusos del ICE, la magnitud del tráfico de drogas sorprendió incluso a los investigadores del FBI, que destacaron "el gran volumen de sustancias que se traficaban" allí. "Las cantidades de drogas incautadas resultaron excepcionalmente grandes, dado que se encuentran dentro de una instalación federal segura", escribió el FBI en una orden de registro. Todd, de CoreCivic, dijo que la empresa apoyaba a las fuerzas del orden en su intento de erradicar las drogas del interior del CCCC.

En este centro, la dotación de personal también resultó un problema. En una declaración sobre una demanda reciente por homicidio culposo presentada por la familia de una víctima de sobredosis de drogas, un guardia del CCCC admitió haber tomado siestas en el trabajo y haber dormido en su auto entre turnos de 16 horas (CoreCivic negó haber cometido irregularidades y la demanda se resolvió extrajudicialmente el año pasado). William Ontiveros, un ex director de unidad del CCCC que también afirma que lo despidieron injustamente, dijo a Forbes que los turnos de noche a menudo no contaban con personal suficiente. "No tenían suficiente personal para brindar cobertura las 24 horas del día", dijo.

El FBI hizo una evaluación similar. "CoreCivic luchaba por mantener el funcionamiento de CCCC de manera segura y eficiente", escribieron sus investigadores en su orden judicial relacionada con el tráfico de drogas allí. Taylor Smith, un abogado de Smith & Marjanovic Law, que representó a varios clientes que demandaron a CoreCivic en los últimos años, hizo una evaluación más contundente: "Es la peor instalación del estado".

Todd negó las acusaciones de falta de personal. "Trabajamos para cumplir o superar nuestros patrones diarios de dotación de personal en CCCC", dijo. 

Si el modelo logra triunfar, será demasiado tarde para ayudar a personas como Carhuancho, que sigue luchando con sus heridas. Mientras tanto, se encuentra en un limbo migratorio. Sus abogados afirman que le dijeron que el ICE no tiene interés en solicitar su deportación, a pesar de que todavía no le concedieron asilo. Pero eso ocurrió antes de que Trump asumiera el cargo.

*Nota publicada originalmente en Forbes US.