Para un inversor, cobrar menores intereses no es buen negocio. ¿Pero qué pasa si sumamos otros incentivos a la ecuación? Esto hizo Uruguay con su reciente emisión de un Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC), cuyo pago de intereses —mayores o menores— depende del cumplimiento de metas ambientales.
“Este bono es algo nuevo para la deuda soberana. Es el primero que tiene el famoso mecanismo de abaratamiento”, dijo a Forbes Uruguay Federico Brusa, especialista senior de Políticas de Cambio Climático, Cono Sur, del Banco Interamericano de Desarrollo.
Pese a que México, Chile y dos municipios en Suecia habían previamente emitido bonos sustentables, Uruguay subió la apuesta con una propuesta novedosa que, inicialmente, hizo levantar la ceja de los inversores: el país pagará más o menos por el financiamiento obtenido en función de los objetivos alcanzados en dos áreas, que son la forestación de bosques nativos y la emisión de gases de efecto invernadero (ver recuadro al final *BONO VERDE).
La novedosa cláusula funciona como doble llave, donde la política de financiamiento se ancla directamente a la política ambiental. “Es un modelo innovador que combina ambas políticas de Estado que se han mantenido a lo largo de las administraciones; lo cual demandó un trabajo de coordinación y alineación de ministerios. Uruguay quiere hacer crecer su economía, pero quiere una economía eficiente en reducir la huella de carbono, por eso el cumplimiento de las metas está atado a la evolución del PIB”, explicó a Forbes el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía de Uruguay, Herman Kamil.
“El cambio climático históricamente fue visto desde la perspectiva de la regulación ambiental, pero ahora los ministerios de Economía y Finanzas se involucran porque no actuar cuesta plata.
Hay un cambio de paradigma. Este bono ayuda a centrar el cambio climático en la política económica y de competitividad de un país”, agregó Brusa.
COSTOS INTANGIBLES
Si Uruguay sobrecumple sus metas, en el mejor escenario, se beneficiará de una reducción del pago de intereses de US$ 4,5 millones por año entre 2027 y 2034. En contrapartida, si no alcanza los objetivos deberá pagar ese monto adicional.
Para la economista Lucila Arboleya el costo también es reputacional: “Va a estar mucho más en juego el intangible de la credibilidad que el peso de esos millones. No me parece que en términos financieros el dolor en la caja sea lo más fuerte. (…) Uruguay es un país que intenta mantener sus promesas y la santidad de los contratos donde puede existir una penalidad”.
El bono uruguayo generó una demanda de US$ 3.960 millones, casi tres veces superior a los US$ 1.500 millones emitidos.
“Si redactaron un marco, esto supone que vendrán más (bonos). Es una buena señal, y sobre todo para un mercado extranjero que sí quiere colocar deuda siguiendo un índice. Uruguay hace las cosas bien y hay demanda”, destacó Arboleya.
Como ejemplo, Brusa recordó que la emisión de deuda verde global suma US$ 395.500 millones a noviembre de 2022 y, aunque en América Latina equivale al 7,6% del total, entre 2019 y 2021 se duplicó y alcanzó los US$ 30.200 millones, lo que refleja una tendencia al alza.
¿Y EL SECTOR PRIVADO?
Los factores de desarrollo ESG (environmental, social and governance) echan raíces. Las nuevas generaciones son más conscientes que las anteriores sobre el cambio climático y demandan proactividad de las marcas que consumen y de las empresas donde invierten.
Marcos Soto, decano de UCU Business School, ve esta inquietud en las aulas de formación corporativa: “Dando una clase sobre creación de valor, pregunté a los alumnos: ¿Qué buscan ustedes cuando compran ropa? Varios dijeron: que en la etiqueta diga que es confeccionado con materiales sustentables. Los negocios que no entiendan que por ahí pasan las preferencias de los consumidores, aunque salga $ 10 más, van a tener problemas en el futuro”.
El especialista explicó cómo se incorpora esta visión al ADN corporativo: “ESG es un concepto multidimensional del desarrollo, donde tenés que modificar tu agenda para pensar cómo impacta tu negocio en todo, porque cuando uno proyecta en el largo plazo ve que se empieza construir un mundo con esos estándares”.
En ese sentido, alinear incentivos y regulaciones es clave a nivel global, aunque esa tarea no está exenta de desafíos. “La regulación nos dice qué debe hacer el mercado, qué deben hacer los gobiernos.
La Unión Europea, por ejemplo, la aplica en finanzas sustentables y aunque no son necesariamente consistentes, están transitando ese camino. El problema es cuando las reglas no son del todo claras y esas regulaciones pueden tener consecuencias colaterales que van en contra de lo que se espera”, advirtió Arboleya.
Para Soto, el paquete de incentivos desde las políticas públicas es relevante y enumera como ejemplo la transición energética en Uruguay, donde las inversiones contaron con beneficios fiscales. Puntualizó que aún queda camino por recorrer en otros rubros, por ejemplo, con trámites y procesos de flujo aduanero o certificados de emisión de carbono.
“El rol del Estado en esto es clave, pero desde el sector privado se pueden hacer cosas. Una parte son los cambios normativos y otra los cambios de comportamiento. Se necesitan las dos”, finalizó.
*BONO VERDE
US$ 1.500 MILLONES
Es el monto total que alcanzó la emisión del BIICC: U$S 1.000 millones de efectivo y el resto en recompra de bonos elegibles. El rendimiento fue 5,935% anual, con un spread de 170 pb respecto al bono de referencia del Tesoro de EE.UU.
2 OBJETIVOS
Uruguay se comprometió a mantener el 100% de los bosques nativos respecto a 2012 y a reducir los gases de efecto invernadero (GEI) sobre la economía en un 50% frente a 1990. Su cumplimiento o incumplimiento será controlado en dos años.
US$ 4,5 MILLONES
Es la penalización anual que deberá pagar Uruguay si incumple ambas metas ambientales. En caso de sobrecumplirlas, tendrá una reducción del pago de intereses por el mismo valor.
*Este artículo fue publicado en la Edición de Forbes de Diciembre de 2022.