Tomar decisiones siempre implica para los líderes de empresa y profesionales asumir riesgos. Uno de ellos, que no muchos toman en cuenta, es la posibilidad de verse afectados económicamente por posibles litigios o reclamos que inician empleados, accionistas de la empresa para la que trabajan u otros actores que se consideren perjudicados por esas decisiones.
La buena noticia, es que es posible anticiparse a estos problemas y cubrirse con pólizas específicas de responsabilidad civil. Se llaman D&O.
El gerente general de Berkley, Julio del Castillo, puso un ejemplo tan ficticio como didáctico para ilustrar en qué casos estos seguros entran en juego: “Imaginate que —y esto es muy burdo, no va a pasar— el gerente de marketing de Coca-Cola saca una publicidad que dice que Pepsi engorda. Listo, Pepsi le hace un juicio por US$ 1 millón a Coca-Cola y por US$ 500.000 al gerente de marketing. La póliza D&O, cuya sigla significa directors and officials, cubre los gastos del juicio y, si perdiera y tuviera una cobertura para ese monto o más, también paga los US$ 500.000”, explicó.
En términos simples, es un seguro que la empresa ofrece a sus empleados con poder de decisión, en tanto sus acciones puedan afectar a terceros y sean pasibles de reclamos.
El director de NGS Uruguay, Luis Puig, que trabaja este tipo de seguros, afirmó que en EE.UU. “ningún CEO se sienta a trabajar si no tiene dos cosas: su paquete salarial y su póliza de D&O”.
“Más que nada se da en empresas que cotizan en bolsa, porque una decisión que tomen puede afectar mucho a la compañía” y a todos sus accionistas, explicó.
Lejos está Uruguay de la realidad estadounidense, tanto en penetración de seguros (7,5% del PIB en EE.UU. versus 2% en Uruguay) como en cultura aseguradora.
“El uruguayo entiende que ciertas cosas se las va proveer el Estado, que hay temas que están parcialmente resueltos. En EE.UU., por ejemplo, hay seguros para pagarle la universidad a los hijos”, mientras que en Uruguay esa formación es gratuita, comparó el presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), José Amorín Batlle. Esto también vale para cuestiones de cobertura de salud.
Para el BSE, los seguros de responsabilidad civil profesional, entre los que engloban también a las pólizas de D&O representan unos magros US$ 2 millones al año, que es menos de un 0,2% de su facturación total: unos US$ 1.300 millones. Esos seguros engloban los que sacan los profesionales para sus prácticas. Se aseguran médicos, ingenieros, prevencionistas, escribanos, abogados, jueces, arquitectos, personal no médico de la salud, contadores, entre otros.
El director comercial de Mapfre, Alfonso Preve, expresó que en Uruguay “no tenemos presente la importancia de asegurarnos como individuos civilmente responsables en la sociedad, ya sea como profesionales, médicos, directores, gerentes”.
“No está del todo extendida la conciencia de los riesgos que implica ejercer una profesión o desempeñarse en la vida social y la oportunidad que ofrece la industria del seguro de transferir ese riesgo, para que ante la eventualidad que ocurra un hecho cubierto no termine siendo imposible de afrontar por la persona que corre ese riesgo. Estamos muy acostumbrados a ver otras sociedades, como la americana, por ejemplo, en donde los seguros de responsabilidad civil son moneda corriente y a nadie se le ocurre no tener uno”, complementó Preve.
En cuanto a la cultura litigante, Felipe Rodríguez, director del bróker Friburgo, estimó que “no es exacerbada, pero ha ido creciendo”. Sin embargo, seguimos lejos del país de los anuncios del estilo Better Call Saul. “Si te caés acá, ¿qué es lo primero que hacés? Te levantás rápido y mirás para todos lados a ver si no te vio alguien porque te da vergüenza.
En EE.UU., si alguien se cae en la calle, también lo hace, pero para buscar un testigo para reclamarle algo a alguien”, ilustró Rodríguez, entre broma y verdad. El abogado especializado en este tipo de pólizas Christian de Souza opinó que “en este país, lamentablemente, es barato hacer un juicio y hay gente que prueba a ver si le sirve”.
DAÑOS CON ALIADOS
Una característica de estas pólizas D&O es que el asegurado puede elegir a su abogado, dentro del rango razonable de precio y con previo acuerdo.
La aseguradora “va a querer cubrir con los mejores abogados, porque no le conviene pagar la indemnización si pierde”, explicó Puig. Los gastos por un juicio, sin un seguro de por medio, deberían estar a cargo de la compañía. Sin embargo, “la compañía te puede soltar la mano; no debería pasar, pero puede”, advirtió.
El abogado De Souza agregó que cada vez es más común en casos de conflictos laborales agregar también reclamos a personas físicas “para presionar a la empresa a llegar a un acuerdo”. “Ahora está de moda tirar la del mobbing, acoso, abuso de funciones…”, ejemplificó.
De Souza relató un caso en el que hace poco participó, de una empresa reconocida que cerró y contaba con cobertura. Varios exempleados denunciaron a la gerenta de Recursos Humanos además de a la empresa. “Se le cubrieron todos los gastos legales y ella ganó, pero si hubiese perdido se le cubría la indemnización que tenía que pagar”, explicó.
Puig apuntó que en los casos de acoso sexual también es muy típico que se vaya tanto contra la empresa como contra la persona. Estos seguros alcanzan ese tipo de denuncias. De todos, sostuvo que “nadie lo pide este seguro, tenés que ir y ofrecerlo, empujarlo. Nosotros capacitamos a corredores para que lo ofrezcan”. Ante una acusación, para un profesional no están solo en juego las pérdidas estrictamente financieras.
La ejecutiva y suscriptora de riesgos comerciales de SBI Seguros, Valeria Santin, apuntó que una mala decisión o un error “también puede traer aparejado un daño reputacional o a su propia imagen”. Eso tampoco es gratuito: puede ser cubierto por una póliza.
ILUSTRACIÓN: PABLO BLASBERG