Supongo que ya estarán al tanto de los dichos del periodista Hugo Alconada Mon sobre Uruguay en la mesa de Mirtha Legrand. Los comentarios inundaron las redes sociales, estuvieron presentes en los principales medios de prensa y fueron tema de conversación de ambos lados del charco, durante estos días.
De cualquier forma, por si hay algún distraído leyendo, les cuento: el periodista aseguró que Uruguay es un “centro de lavado de activos” y acusó a la Justicia uruguaya de no colaborar con Argentina cuando se solicita información sobre determinados movimientos de dinero: “Uruguay es la gran caja de seguridad de toda América del Sur (...) Ustedes uruguayos son unos lavadores”, dijo.
Desafortunadamente, es bastante frecuente escuchar este tipo de comentarios despectivos hacia Uruguay, tanto de boca de periodistas como de políticos argentinos; y el comentario de Hugo, periodista de los más serios que hay en Argentina y por quien tengo el más alto respeto profesional y estima personal, nos da la oportunidad de adentrarnos en un par de temas que generan incomodidad en ambas márgenes del Río de la Plata: ¿Uruguay es cómplice de ciertos delincuentes o protege a quienes deciden vivir o hacer negocios allí? ¿Uruguay entrega poca información a Argentina, o mucha?
Empecemos por lo más sencillo: comparto la mirada crítica de muchos argentinos ante la inestabilidad política que impera en Argentina, la inmensa corrupción que hay en el país y la falta de Justicia. De hecho, siempre digo que, más allá de una profunda reforma de su régimen tributario, lo que más necesita el país es precisamente seguridad jurídica. Tenerla y transmitirla a la comunidad internacional. Y entiendo también que, como sucede en otros ámbitos de la vida, sea mucho más fácil culpar a terceros por lo que nos pasa que tratar de bucear, entender y solucionar los problemas de cada uno.
En ese contexto, puedo comprender que la primera reacción ante las injusticias que se viven en Argentina los lleve, instintiva o calculadamente, a culpar a Uruguay (o a Estados Unidos, o a Suiza), por no facilitar información, en lugar de a la propia Argentina, donde pese a que existen pruebas de sobra para encarcelar a más de un político corrupto, eso nunca pasa. Y no precisamente porque Uruguay (o Estados Unidos, o Suiza) se lo impida, sino porque su sistema judicial corrupto es cómplice. En lo personal, pienso que Uruguay debería brindar inclusive mucha menor colaboración a Argentina de la que brinda.
¿Por qué?
Porque uno de los requisitos básicos para que un país reciba información financiera de otros es que pueda salvaguardarla, tanto desde el punto de vista informático y tecnológico, como desde aspectos vinculados con la seguridad jurídica. Argentina no hace ninguna de las dos cosas. Por un lado, el país es víctima de robos de información de manera periódica y el tema no parece preocuparle demasiado. Por otro lado, sobran ejemplos del uso político de información financiera y tributaria.
Mientras tanto, Uruguay se ha caracterizado siempre por brindar protección a quienes decidieron escapar de otros países y hacer “del paisíto” su lugar en el mundo. Y no nos referimos acá sólo a Argentina. Y es válido, lícito y hasta lógico que el país brinde confidencialidad, privacidad y discreción a quienes han decidido vivir o realizar negocios allí. Es lo que hacen los países serios.
Sin embargo, la decisión sobre compartir información con Argentina no depende de mí y la realidad es que no es verdad que Uruguay no facilita información. De hecho, Uruguay brinda mucha información.
Por un lado, está vigente desde los tiempos del gobierno de Mujica el acuerdo bilateral de intercambio de información entre Uruguay y Argentina, por el que el Banco Central del Uruguay facilita a Argentina, a pedido de parte, pero no necesariamente con intervención judicial, información sobre sociedades, personas humanas y operaciones financieras.
Además de ello, tanto Uruguay como Argentina son parte del Common Reporting Standard, con lo cual las cuentas de residentes fiscales argentinos en Uruguay sean a título personal o a través de alguna sociedad, son reportadas a Argentina de manera anual.
En definitiva, y como se ve, hay mucha información que fluye entre ambos países. Dado que hay muchísima información que se intercambia de manera automática todos los años, ¿está mal que Uruguay piense dos veces cuando se le pide más información, sobre todo cuando invariablemente luego es testigo de que dicha información no se usa, se utiliza políticamente y/o no se la protege adecuadamente?
No. No está mal en absoluto. Uruguay cuida la información y lo hace, justamente, para evitar que se le dé un uso político, como suele suceder en Argentina y en tantos otros países. Estamos, como ya dijimos, rodeados de casos de robos de información, de filtraciones de datos por parte de los gobiernos (específicamente en Argentina) y, ni que hablar, de uso político de la información.
Ante este escenario -y dejando de lado a Uruguay, que es una simple víctima del relato- un país como Argentina debería recibir mucha menos información y colaboración de la que recibe actualmente. Le guste a quien le guste.