Bajo la sombra de la desaparición de un poderoso líder de una banda narcotraficante en Ecuador, una ola de violencia pandillera está sacudiendo el país, llevando al gobierno a declarar estado de emergencia en medio de sus esfuerzos por hacer frente a la oleada criminal en la nación andina.
Adolfo Macías, líder del temido grupo Los Choneros, conocido por su alias "Fito", fue reportado como desaparecido desde su celda en el complejo penitenciario regional de la violenta ciudad portuaria de Guayaquil el pasado Domingo.
Las autoridades ecuatorianas dan cuenta de que dos funcionarios penitenciarios han sido acusados por su presunta participación en una posible fuga, mientras que 3.000 policías y soldados han sido desplegados en la búsqueda, que continúa al momento presente.
La respuesta del presidente Daniel Noboa fue decretar un estado de emergencia nacional de 60 días, que incluye un toque de queda nocturno y la autorización para que las fuerzas armadas del Ecuador se involucren en la contención de la violencia carcelaria, luego de que se produzcan disturbios en seis penales y la toma de rehenes de un número aún indeterminado de guardias tras la desaparición de Fito.
"No vamos a negociar con terroristas", declaró Noboa, que asumió el cargo en noviembre prometiendo frenar la crisis de seguridad del país. "Estos grupos narcoterroristas pretenden intimidarnos y creen que cederemos a sus demandas".
El martes por la tarde, en un decreto actualizado que reconoció a los Choneros y otras pandillas como grupos terroristas, Noboa afirmó que Ecuador está viviendo un "conflicto armado interno".
Ruptura del orden
En una nación que antes gozaba de relativa paz en medio de vecinos más violentos, Ecuador enfrenta ahora la difícil tarea de contener una oleada delictiva impulsada por bandas de narcotraficantes que compiten por asegurar rutas lucrativas de tráfico y establecer vínculos con cárteles de México, Albania y hasta el Magreb. La tasa de homicidios per cápita del país en 2023, con 46,5 por cada 100,000 habitantes, se ha multiplicado por ocho desde 2018 y se sitúa entre las más altas de la región.
Como se vio en medios y redes, a pesar del estado de emergencia, el país se vio sacudido por varios incidentes violentos.
Un grupo de hombres armados con máscaras irrumpió en una estación de televisión en Guayaquil en plena transmisión en vivo. La emisión mostraba al personal sentado y acostado mientras los agresores merodeaban el set, haciendo un obsceno display de armas de fuego y granadas. Se escuchaban gritos de "sin policía" antes de que la señal se cortara. La policía informó que un equipo especial fue enviado al lugar y - alrededor de las 18:00hs hora Argentina - aprehendieron a los criminales.
En las 24 horas previas al asalto, al menos siete agentes de policía ecuatorianos fueron secuestrados por criminales en todo el país, incluyendo Machala, una ciudad del suroeste, y la capital Quito, donde un vehículo que transportaba gas licuado fue incendiado en una estación de servicio.
En Cuenca, una ciudad muy turística, atacantes lanzaron un explosivo contra un camión militar. En Esmeraldas, una provincia costera que ha sufrido parte de la peor violencia, la policía informó de tres ataques con explosivos.
Otra fuga de prisión ocurrió en Riobamba, en los Andes centrales, con 32 reclusos escapando, incluido Fabricio Colón, uno de los líderes de la banda Los Lobos, según el alcalde de la ciudad. Veinte fugitivos fueron recapturados, aunque Colón sigue prófugo.
En agosto, la nación quedó traumatizada cuando el candidato presidencial de centro-derecha, Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros por hombres armados antes de las elecciones anticipadas de noviembre. En reiteradas instancias Villavicencio había expuesto las conexiones entre las organizaciones narcotraficantes y los altos funcionarios gubernamentales y políticos.
Tan solo días antes de ser acribillado, el candidato había declarado públicamente sobre las amenazas que le profería el hoy prófugo capo narco “Fito” y declaraba que: “Se acabó el tiempo de la amenaza. En año y medio vamos a someter al narcotráfico. No les tengo miedo. Lo único que pueden hacerme es matarme, y con eso liberamos a un pueblo entero. No le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella”. Hierro o sangre era el destino del presidenciable, que tristemente terminó víctima de una impune tragedia.
En medio de la crisis, las cárceles han caído bajo el control de las mafias, que a menudo las utilizan como bases para sus operaciones (sí, como pasa en Rosario) y como campos de batalla en enfrentamientos callejeros. Más de 400 reclusos han perdido la vida en los últimos cuatro años, con muchas masacres ocurriendo dentro del complejo regional donde estaba detenido Macías.
Roberto Izurieta, portavoz del gobierno, declaró en una entrevista televisiva el lunes que el sistema penitenciario del país había "fracasado por completo" y que se esperaba que Macías fuera trasladado a una instalación de máxima seguridad apenas unas horas antes de su desaparición.
Génesis narco
Jorge Bismarck Véliz España fue un hombre ambicioso que creció en Puerto Arturo, un barrio en la ciudad más grande de Chone que, ubicada a 40 kilómetros de la costa del Pacífico ecuatoriano, era un prolífico punto de comercio para ganaderos y agricultores, con alrededor de 50.000 habitantes.
En la década de 1990, Véliz España se labró un nombre como traficante de drogas dispuesto a usar la violencia para alcanzar sus objetivos. Sus familiares comenzaron a utilizar su nombre para cobrar deudas en el pueblo. Su reputación le valió el alias de "Teniente España" o simplemente "El Chonero".
Alrededor del año 2000, Véliz España se trasladó a Manta, una ciudad costera y la más grande de la provincia de Manabí. Había identificado una oportunidad. El puerto de Manta veía un flujo regular de cocaína desde Colombia, con pandillas locales ayudando a enviarla desde el puerto o moviéndola a través de Manabí hacia el sur. Véliz España se propuso unir este negocio bajo el control de un grupo criminal que adoptó su apodo, los Choneros.
Los Choneros se convertirían en una de las pandillas más poderosas de Ecuador. Para 2011, el grupo tenía extensas redes dentro y fuera de las cárceles que utilizaban para controlar el tráfico de drogas, gestionar extorsiones y organizar asesinatos por contrato.
El primer obstáculo para establecerse en Manta fue la pandilla Queseros, una banda de microtráfico que supervisaba algunos envíos de cocaína en la zona. Homicidios, secuestros, extorsiones y la rivalidad Choneros-Queseros pronto atrajeron la atención nacional.
Pero los Choneros finalmente tomaron ventaja al hacer las alianzas correctas. El comercio de cocaína ya estaba dominado por jugadores más poderosos, incluido el mayor traficante de drogas de Ecuador, Washington Prado Alava, alias "Gerald", quien estaba basado en Manabí.
Gerald tenía un trasfondo similar al de Véliz España, “haciéndose de abajo”. Comenzó como piloto de lanchas rápidas que transportaban cocaína fuera de Ecuador antes de construir un imperio de tráfico de drogas centrado en Manabí. En su apogeo, Gerald enviaba de tres a cuatro barcos por semana, cada uno cargado con hasta una tonelada de cocaína.
Sin embargo, Véliz España no viviría para llevar a los Choneros a esta nueva era. La guerra territorial local con los Queseros había puesto un blanco en su espalda. En 2005, Véliz España sobrevivió a un intento de asesinato que mató a su esposa e hirió a uno de sus hijos y en 2007 fue tiroteado cerca de Quito.
El hombre que tomó la posta de Véliz España fue Jorge Luis Zambrano González, conocido como "Rasquiña". Nativo de Manta, Rasquiña rápidamente forjó una relación con Gerald. Los Choneros se convirtieron así en un grupo armado que trabajaba para Gerald, protegiendo sus envíos desde la frontera colombiana y a lo largo de Ecuador.
Bajo el liderazgo de Rasquiña, los Choneros comenzaron a desempeñar un papel importante en el comercio de cocaína a través de Manabí, ayudando a enviar drogas a Estados Unidos, México y Europa. Informes policiales y de prensa de la época también muestran que los Choneros extendieron gradualmente su influencia a Los Ríos, una valiosa provincia central; Pichincha, que rodea la capital Quito; y Guayas, la provincia del principal puerto y centro de cocaína del país, Guayaquil.
La relación entre los Choneros y Gerald se debió en gran medida al éxito de un miembro destacado de la pandilla, José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", quien fue arrestado en 2011 y gestionó sus actividades criminales desde la cárcel. Experto en lavado de dinero, a Fito se le imputaron cargos por lavar los ingresos del tráfico de cocaína de Gerald, supervisar envíos de drogas e incluso organizar paradas de repostaje para los barcos de droga de Gerald.
Este arreglo duró hasta que Fito, junto con un capitán de policía y su esposa, idearon un plan para derribar a Gerald, a quien se le proporcionó información falsa de que un trabajador de la construcción había robado millones de dólares de las casas de seguridad del capo. El trabajador de la construcción fue asesinado brutalmente, y el trío se aseguró de poder entregarlo a la policía.
El caso reveló la magnitud del imperio de tráfico de drogas de Gerald, que supuestamente movió alrededor de 250 toneladas de cocaína a través de Ecuador y en el extranjero. Fue arrestado en abril de 2017 en Colombia y extraditado a Estados Unidos en 2018, donde actualmente cumple una condena de 19 años de prisión.
Espiralización de la violencia
Los Choneros tenían la estructura, la fuerza y los contactos necesarios para consolidarse como el grupo de tráfico de drogas más poderoso de su país y así se apoderaron del espacio vacante.
El liderazgo chonero estuvo tras las rejas desde 2011. Rasquiña fue encarcelado ese año, pero emergió como el líder desde la prisión después de una serie de asesinatos. Fito fue condenado a 34 años en 2011 por una serie de delitos, incluidos asesinato y tráfico de drogas, y orquestó la caída de Gerald desde la cárcel. El tercer hombre del grupo, Junior Roldán, alias "JR", había estado encarcelado desde 2010 por su participación en múltiples homicidios.
Pero la encarcelación no detuvo su crecimiento. Además de controlar sus operaciones de tráfico de drogas desde el penal, se expandieron a la extorsión, asesinatos por contrato y el comercio de contrabando. Su base de poder se centraba en tres de las principales cárceles del país: la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, donde estaba encarcelado Fito; el Centro de Rehabilitación Turi en la ciudad sureña de Cuenca, que albergaba a Roldán; y la prisión de Latacunga en el norte, donde estaba basado Rasquiña.
Pronto, surgieron pandillas leales a los Choneros dentro de diferentes cárceles y ayudaron a controlar el tráfico de drogas cercano. La más exitosa de ellas fue la de los Tiguerones, con sede en la provincia del norte de Esmeraldas, cerca de Colombia y uno de los puntos de salida secundarios más importantes para la cocaína, y los Chone Killers, una rama armada de los Choneros que buscaba pacificar a los rivales en el crucial puerto de Guayaquil.
El éxito de esta estrategia se debió en gran medida a una política, que les jugó favorablemente, por las autoridades ecuatorianas: las transferencias masivas de prisioneros. Se intentaron regularmente rupturas de pandillas en las cárceles trasladando a líderes de pandillas e internos peligrosos a otras penitenciarías, pero esto llevó a pandillas específicas como los Choneros a extender su presencia a más cárceles y crear nuevas ramas.
Esta rápida expansión los enfrentó con otras pandillas carcelarias, como los Cubanos y Lagartos. La violencia en las cárceles aumentó, con 49 asesinatos en prisiones ecuatorianas en 2019. Pero fuera de la prisión, la situación podría haber sido aún más peligrosa. En junio de 2020, por ejemplo, el líder de los Choneros, Rasquiña, fue liberado después de reducir su condena; en pocos meses, estaba muerto, tiroteado en una cafetería de un centro comercial mientras tomaba algo con su esposa e hija.
El presunto “tiratiros” fue arrestado, pero quien ordenó el ataque sigue sin estar claro. La Justicia no logra resolver la violencia entrópica que sufre el país.
Una pendiente resbaladiza a la crisis
La guerra de pandillas resultante, que continúa hasta el día de hoy, ha sido el principal impulsor de uno de los aumentos más pronunciados en las tasas de homicidios en América Latina, muchos de ellos en prisiones donde suelen estar los líderes y centros de operaciones. Entre 2021 y 2022, más de 419 reclusos fueron asesinados en cárceles ecuatorianas, a menudo en masacres sangrientas, con docenas de internos asesinados con machetes, armas automáticas y granadas.
Fuera de las prisiones, el país experimentó un aumento del 82% en los homicidios durante 2022, con 4.450 personas asesinadas. La guerra entre los debilitados Choneros y una federación rival liderada por los Lobos se extendió por todo el país. Impulsadas por dinero y armas proporcionadas por aliados mexicanos del tráfico de drogas, las pandillas de Ecuador solo se volvieron más violentas, dejando cuerpos colgando de puentes o contratando asesinos a sueldo para llevar a cabo homicidios a plena luz del día.
El narcotráfico azota el Estado de Derecho y la paz para Ecuador, y si bien es hoy víctima de actos de terrorismo, tampoco se puede negar que acaso una cuota de culpabilidad le corresponde a una sucesión de gobiernos que poco y nada han hecho para detener el crecimiento del narcotráfico en un enclave neurálgico para la exportación de estupefacientes.
En 2009 el expresidente Rafael Correa no renovó el contrato que mantenía una base militar estadounidense en la ciudad de Manta que tenía por fin la interceptación de drogas vía control aéreo, y cortó relaciones con el organismo antidroga de los Estados Unidos, disminuyendo así la capacidad de control también en la frontera con Colombia. Por si fuera poco, redujo la inversión en policía y sistema penitenciario, eliminó el Ministerio de Justicia y se convirtió en tierra santa para que las facciones de las FARC que no hicieron la paz con el gobierno colombiano se instalen allí desde 2016 y por consiguiente surjan los vínculos que atrajeron a grandes carteles internacionales como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La política de seguridad interior y justicia nunca puede dejar de ser activa: no alcanza con decomisar cargamentos. La guerra contra el narco se da cada día fortaleciendo las instituciones, el sistema penitenciario, profesionalizando y equipando las fuerzas, dotándolas de inteligencia adecuada y protegiendo su labor, y atacando el tejido multidimensional del tráfico: financiamiento, logística, armamento, lavado, producción y almacenamiento.