En la Argentina se calcula que aproximadamente el 70% de las empresas realizó una investigación interna por fraude, corrupción o mala conducta durante los últimos 12 meses. A nivel global este tipo de delitos suele estar mayormente relacionado con la ciberseguridad, pero en la región y a nivel local, los activos físicos son el principal foco de estas cuestiones.
Kroll presentó en junio los resultados de su último 'Informe Global Sobre Fraude y Riesgo 2022'. En el mismo se observa que, si bien casi todas las industrias se encuentran afectadas por esta problemática, aquellas relacionadas con el transporte, el turismo y el sector bancario son las que más eventos de fraude reportaron. Paradójicamente, estos sectores son los que menos investigaciones internas realizaron.
Esto responde en parte a varias cuestiones, una de ellas ligada a la reputación de las empresas. Las compañías muchas veces no quieren realizar las denuncias correspondientes ya que temen verse mal vistas frente al resto de los empleados y el público en general, sin embargo, un caso de fraude o corrupción interna no deja de ser un delito penal, excarcelable, en el que la persona debería cumplir con lo que le corresponde.
En general, lo que se termina dando es la desvinculación del empleado sin justa causa, en donde en definitiva no hay ninguna penalidad por esto y este colaborador termina obteniendo otro empleo en el que probablemente realice las mismas acciones.
Identificar a este tipo de perfiles no es tan complicado, ya que en general, al hacer una pequeña investigación interna se puede divisar que estas personas suelen reincidir en este tipo de delitos. Al final de cuentas, el mensaje de la compañía termina siendo contraproducente, ya que deja el precedente de que el empleado que realiza esta acción no tiene ninguna reprimenda por ello.
Y claro que es real que la pandemia del Covid-19 y el trabajo remoto han flexibilizado notablemente las barreras de seguridad, lo que genera la apertura de ventanas de oportunidad para los defraudadores.
Por supuesto que afrontar una investigación interna no tendrá el mismo peso ni el mismo costo para una pyme local que para una empresa multinacional. Pero estas últimas, según la encuesta realizada, suelen ser el blanco más fácil de aquellas personas que deciden cometer un fraude en su lugar de trabajo. Por otro lado, hoy las compañías cuentan con recursos cibernéticos y tecnología capaces de agilizar el proceso para llegar a las pruebas o comprobar el delito más fácilmente.
Esto no se trata de una caza de brujas ni de un trabajo que tenga que realizar directamente el departamento de Recursos Humanos. Es una tarea conjunta desde toda la organización, para evitar este tipo de delitos, que en definitiva no dejan de ser un “robo” a las empresas en los que estas personas trabajan. Asimismo, poder contar con un sistema de seguridad que evite estas ventanas de oportunidad para que se produzca el fraude es imperativo para las compañías, afín de no tener que llegar a realizar una investigación interna evitando, de esta manera, el estrés institucional que ello genera.
*La columna fue escrita por Juan Cruz Amirante, MD de Kroll Argentina