“Tax the rich” decía el estampado de la famosa remera de la legisladora demócrata por el Estado de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez. “Tax the rich” decía el cartel del activista que decidió manifestarse en frente a la sede del Foro de Davos. Ambas ocurrencias fueron celebradas por más de uno, pero ¿por qué? ¿acaso hay algo para celebrar? 

Vayamos por partes: el gravamen conocido internacionalmente como “impuesto a la riqueza”, que algunos países denominan “impuesto al patrimonio” o “impuesto a los bienes personales” casi no existe porque los países han comprobado que: 

- no sirve para recaudar, 

- no crea incentivos para el ahorro ni la inversión, 

- es de muy difícil administración para los pagadores de impuestos, 

- genera situaciones de desigualdad ante la ley y, como si esto fuera poco, - no promueve la distribución de la riqueza, sino más bien todo lo contrario. 

Por eso, no sorprende que el número de países de alta tributación pertenecientes a la OCDE que cobraban este tipo de impuestos haya bajado de 14 en 1996 a solo 3 en la actualidad (España, Noruega y Suiza). Sumado a eso, en la mayoría de estos países, los mínimos no imponibles son elevados o los impuestos se cobran únicamente sobre activos extranjeros. 

En América Latina, tradicionalmente, este tipo de impuestos solo lo cobraban Argentina, Colombia y Uruguay. Sobre finales de 2020, Bolivia también empezó a hacerlo, en el marco de la pandemia, que sirvió de excusa para muchas malas decisiones. 

Volviendo por un segundo a Colombia, allí el impuesto a la riqueza era de índole provisorio hasta que la reciente Reforma Tributaria lo transformó en permanente en diciembre de 2022. El nombre actual del gravamen, para que no queden dudas, es Impuesto Permanente al Patrimonio. 

Hoy quiero hablar de una de las principales razones por las que este impuesto es de los pocos que ha corrido un serio peligro de extinción a nivel mundial: 

Se trata de un impuesto que reduce el ahorro global de la población, disminuye inversiones y afecta negativamente el crecimiento de la economía, la productividad y los salarios. 

Esto surge, entre otras fuentes, de un estudio que realizó Asa Hansson en 2010, que compara información sobre impuestos y crecimiento de 20 países integrantes de la OCDE entre 1980 y 1999 y de simulaciones impositivas realizadas por la “Tax Foundation” y el “IFO Institute”. 

De hecho, en 2017, cuando Francia abandonó este impuesto, el ministro de Economía del país explicó que este gravamen había costado en pérdida de inversiones el doble de lo que habían logrado recaudar. 

En definitiva, si bien es cierto que estamos ante un impuesto que, en el corto plazo, “ataca a los ricos”, en el mediano y largo plazo la repercusión negativa es sobre las clases “bajas” y “medias”.

Y en esto radica un gran mito que queremos erradicar: el impuesto a la riqueza no lo pagan los ricos, sino quienes menos tienen. Aunque quieran disfrazarlo, esto es así. ¿Por qué? Porque quienes menos tienen no pueden trasladarlo a nadie más y se perjudican directamente por la reducción de inversión y la falta de empleo. 

Por eso decimos, sin miedo a equivocarnos, que el famoso “tax the rich” no es más que un impuesto a la pobreza futura. Y cuando aseguramos esto, lo hacemos con el mejor respaldo que se puede tener al decir algo: los datos y la realidad.