Una idea está instalada entre muchos referentes políticos y empresarios de la región y del mundo: Uruguay es un país con un régimen beneficioso para las empresas tecnológicas. Traigo una mala noticia. El esquema impositivo vigente, salvo algunas excepciones de difícil encuadramiento, es muy costoso para la contratación de talento. Y, sobre todo, para atraer la inmigración calificada, muy necesaria para desarrollar el sector que padece un cuello de botella por falta de talento local. 

Esta realidad puede significar dejar pasar una oportunidad histórica para el desarrollo del país. La clave para que esta inmigración deseada suceda es una sola: la capacidad y eficiencia para atraer talento. ¿La buena noticia? Estamos todavía a tiempo de revertirlo.

Hace muy poco, celebramos en Uruguay los más de 10 mil profesionales que llegaron en el año 2021. Algo aparentemente muy positivo si no consideramos que podrían haber sido 300 mil. Festejamos una cifra que, a la luz del potencial real, podría considerarse un fracaso. Y es que el potencial -por definición- es desconocido y por ende es a veces difícil juzgar el éxito de las políticas públicas. 

Lo que sí es empírico y evidente, es la alta presión fiscal que sufre una empresa tecnológica que pretenda atraer talento del mundo al Uruguay. Es hora de reaccionar porque el tren tecnológico puede llegar a trasladarse para siempre hacia a otro país, desaprovechando esta oportunidad histórica. 

Cuando queremos que lleguen organizaciones al Uruguay también debemos ser conscientes de que elegir una nueva locación implica mudarse, trasladar empleados y todo el esfuerzo e inversión corporativa y cultural que conlleva. Por eso, los beneficios tienen que ser tangibles desde el punto de vista de la eficiencia impositiva. 

Las compañías del mundo de la economía del conocimiento tienen como principal costo a la mano de obra. Por ejemplo, un desarrollador de software de buena calificación que en un mercado competitivo internacional recibe 40 mil dólares en mano de remuneración anual, tiene un costo para la empresa de 80 mil dólares al año bajo el régimen actual en Uruguay, un 100% más de lo que recibe el trabajador en mano. 

Entre cargas sociales e IRPF, se duplica el costo del empleado, esto sin contar el alto costo que implica el cnivel de vida en el país. Países vecinos como Argentina o Brasil incorporan reducciones en cargas sociales como parte del fomento a las actividades de la economía del conocimiento. 

En Uruguay la Ley de Software solo impacta el IRAE, que es un impuesto significativamente  menos relevante y dañino que las cargas sociales y el IRPF para esta actividad. Existen beneficios para inmigrantes bajo el régimen de Zona Franca, pero limitados en la nómina a tan solo el 25% del personal.

El país ha hecho los deberes más desafiantes, logrando estabilidad, seguridad jurídica y una macroeconomía sana. Falta algo más sencillo pero igualmente importante: avanzar cuanto antes en morigerar los impactos fiscales que limitan la atracción masiva de talento global. 

Tenemos la posibilidad de revertir este escenario. El proyecto de ley de nombre “Técnicos y Profesionales del Sector de las Tecnologías de la Información”, que fomenta su radicación en Uruguay, está en el Parlamento en este momento e implica una importante exoneración de cargas sociales y de IRPF para extranjeros que se radican en Uruguay y uruguayos que regresan a su país. 

Se trata de un beneficio sustancial que busca desalentar la informalidad en el sector y al mismo tiempo superar el status de otros países para fomentar la instalación de empresas y startups y, sobre todo, la inmigración de jóvenes talentos. 

Esta es una ley importantísima para el futuro de Uruguay. A diferencia de otras legislaciones vigentes que benefician a los más ricos que llegan al país —y no necesariamente traen a los empleados de sus empresas—, este proyecto puede tener un impacto enorme en el desarrollo local. La principal virtud de las compañías de tecnología radica en la generación de actividad, en la capacidad de fomentar la inmigración permanente y en el derrame que produce en otros sectores que proveen servicios a los empleados de este sector. 

Estoy convencido que Uruguay tiene el potencial de atraer a cientos de miles de empleos calificados de todo el mundo que generen una transformación trascendental y positiva para el país. El desafío demográfico histórico de Uruguay —que mantiene su nivel de población desde hace décadas— genera limitaciones como la escasez de mercado interno y la falta de diversidad en ingresos, con impacto en el empleo y de crecimiento. 

Este momento tecnológico de la historia donde los mercados se globalizan exponencialmente puede revertir el fenómeno y potenciar el futuro. 

Puestos de trabajo, crecimiento económico, comercio, servicios, derrame y transformación tecnológica educativa, entre otras ventajas, llegarán con una inmigración calificada masiva. La oportunidad es ahora, no la dejemos pasar.